En los últimos años se ha puesto especial atención a los casos de violencia en la escuela y fuera de ella, principalmente en conflictos que podrían haberse originado en el espacio escolar. Cyber bullying y peleas callejeras han copado la prensa estos últimos dos años. Pero no sólo ha sido la agresión entre pares sino también la agresión a docentes y en mucha menor medida de docentes a estudiantes los casos que han engrosado las notas periodísticas.
Los planes de convivencia, protocolos, normativas y leyes que regulan las relaciones al interior de las comunidades educativas ha sido fortalecida con la actualización en 2024 de la Política Nacional de Convivencia Educativa. La que dicho sea de paso solo es aplicable a los colegios públicos y particulares que reciben subvención, pues los colegios privados en Chile casi no tienen regulación directa al respecto, salvo lo que está explicitado como vulneración de derechos en las leyes. Por eso los colegios privados no están obligados a tener equipos de convivencia o programas de inclusión.
Esto en un marco mundial de enseñanza de una convivencia para la paz, la justicia y la democracia. Porque como indica Delors en el informe de la UNESCO (1996): “a convivir se aprende”. Entonces enseñar sobre formas de relacionarse respetuosamente e igualitaria, sin discriminación de ningún tipo, implica un cambio de compresiones culturales y de la formación ciudadana. Respeto y tolerancia son la base, pero esto no es un contenido teórico sino un comportamiento social, el que viene predefinido en los y las estudiantes desde la casa.
Y justo ahí es donde tenemos problemas pues las cifras dicen que el 27% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia física y/o sexual en su casa. Esta cifra que significa que una 1 de cada 4 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en el hogar, según los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (2024) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, indican que el 28,3% de los delitos violentos correspondió a casos de Violencia Intrafamiliar (VIF). Pero eso no es todo, porque estas altas cifras se replican y duplican en Chile en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Donde el 65,2% declara recibir disciplina violenta (psicológica y/o física), donde el 33,5% recibe castigos físicos (UNICEF, 2022).
Estos antecedentes nos plantean un desafío mayor a las comunidades educativas, pues si se quiere mejorar la convivencia familiar, escolar y social tenemos que darle un sentido mucho más comunitario a las escuelas, con un trabajo enfocado no sólo a los y las estudiantes junto con docentes, sino también con los padres, madres y apoderados.
El rol de la escuela hoy requiere un trabajo con las familias en una educación que ya no pasa por memorizar tal o cual contenido, sino con un trabajo más humano que rompa el círculo de la violencia que se está visibilizando en los espacios escolares por los actos de distintos actores de la comunidad cada vez con más brutalidad.